¿Es Legal el Control de Asistencia Biométrico? Implicaciones para Empleadores en Ecuador

En el dinámico mundo laboral actual, el control de asistencia es fundamental tanto para empleadores como para trabajadores. Sin embargo, la implementación de sistemas de registro biométrico ha generado interrogantes sobre su legalidad y las implicaciones para las partes involucradas. El Ministerio del Trabajo, mediante el Oficio Nro. MDT-SN-2025-0294-O, ha emitido una absolución de consulta que aborda estas cuestiones, proporcionando claridad sobre el uso de datos biométricos y las responsabilidades de los empleadores.

¿Qué dice el Ministerio del Trabajo sobre el uso de datos biométricos?

El Ministerio del Trabajo, en respuesta a una consulta sobre la procedencia del uso de datos biométricos para el registro de asistencia, ha emitido un pronunciamiento clave detallado en el Oficio Nro. MDT-SN-2025-0294-O. Si bien la normativa laboral no obliga expresamente a los empleadores a llevar un registro de asistencia de los trabajadores, sí establece obligaciones que requieren un control de asistencia efectivo.   

En este sentido, el Ministerio del Trabajo considera recomendable el uso de algún medio que registre el ingreso y la salida de los trabajadores para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, la legislación laboral no establece un mecanismo único, específico ni obligatorio para llevar a cabo dicho registro. La elección del sistema de control de asistencia queda sujeta a la autonomía del empleador, siempre que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores y se cumplan los principios generales del derecho laboral.   

Implicaciones para los Empleadores:

El Ministerio del Trabajo, en el Oficio Nro. MDT-SN-2025-0294-O, enfatiza que es responsabilidad exclusiva de cada empleador aplicar y cumplir con todos los actos inherentes a la administración de talento humano, incluyendo el control del cumplimiento de la jornada laboral y el registro de asistencia. Para ello, los empleadores deben establecer procedimientos y mecanismos idóneos de control, en función de sus necesidades y capacidad, sin que ello vulnere los derechos de los trabajadores.   

Es fundamental que los empleadores sean conscientes de que la normativa vigente no confiere al Ministerio del Trabajo la facultad para emitir disposiciones que establezcan un mecanismo determinado o exclusivo para el control de asistencia a la jornada laboral.   

La postura de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP):

Es importante señalar que la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP) ha emitido un criterio no vinculante sobre esta materia. La SPDP ha manifestado que el uso de datos biométricos para el registro de asistencia de trabajadores se considera desproporcionado e impertinente, y que no se recomienda su aplicación. Además, la SPDP ha señalado que no es necesario solicitar el consentimiento de los trabajadores para el tratamiento de sus datos biométricos con fines de control de asistencia, ya que no se considera un consentimiento libre.   

El pronunciamiento del Ministerio del Trabajo, detallado en el Oficio Nro. MDT-SN-2025-0294-O, deja en claro que, si bien los empleadores tienen la libertad de elegir el sistema de control de asistencia que mejor se adapte a sus necesidades, deben hacerlo respetando los derechos de los trabajadores y cumpliendo con la normativa laboral vigente. La implementación de sistemas de registro biométrico debe ser analizada cuidadosamente, considerando las implicaciones legales y los criterios emitidos por la SPDP.

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¿Control de Asistencia Biométrico? Implicaciones Legales y Alternativas Seguras (Consulta 002-2025 Oficio N° SPDP-IRD-2025-0031-O)

En el entorno laboral actual, la tecnología biométrica ha ganado popularidad para el control de asistencia. Sin embargo, su legalidad y las implicaciones para la privacidad de los trabajadores son temas de debate. Este boletín analiza la reciente normativa y ofrece una visión clara sobre los riesgos y alternativas al uso de datos biométricos.

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) establecen principios claros para el tratamiento de datos personales, especialmente los datos biométricos, considerados datos sensibles. La LOPDP prohíbe el tratamiento de datos sensibles, salvo en casos excepcionales como:

• Consentimiento del titular.
• Cumplimiento de obligaciones legales.
• Protección de intereses vitales.
• Datos hechos públicos por el titular.
• Orden judicial.
• Interés público, investigación o estadística.
• Datos de salud.

Sin embargo, el uso de datos biométricos para el control de asistencia no se ajusta a estas excepciones. No existe una obligación legal que exija a los empleadores usar biometría, y el consentimiento del trabajador puede estar viciado por el «temor reverencial», es decir, el temor a desagradar al empleador y perder el empleo.

Además, el principio de proporcionalidad de la LOPDP exige que el tratamiento de datos sea adecuado y no excesivo. Existen alternativas menos invasivas para el control de asistencia, como tarjetas magnéticas o registros manuales.

El uso de datos biométricos para el control de asistencia laboral presenta riesgos significativos para la privacidad y los derechos de los trabajadores. Es crucial que las empresas evalúen cuidadosamente las implicaciones legales y consideren alternativas seguras.

En Durini y Guerrero Abogados estamos listos para asesorarte, en caso de requerir asesoría para la aplicación de los cambios en la normativa, estamos para servirte.

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SENTENCIA 49-20-IN/25: INCONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE APOYO HUMANITARIO Y NORMAS RELACIONADAS

El 14 de febrero de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 49-20-IN/25, en la cual analizó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 (en adelante, “LOAH”), su reglamento general y los acuerdos ministeriales que la regulan.

En lo principal, la Corte declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones relacionadas con el contrato emergente y los acuerdos entre empleadores y trabajadores en situaciones de emergencia. Asimismo, declaró la constitucionalidad condicionada de otras normas, estableciendo la interpretación necesaria para asegurar que su aplicación sea conforme a la Constitución.

1. Sobre las declaratorias de inconstitucionalidad

1.1. Se declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones sobre los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, contemplados en los artículos 16 y 18 de la LOAH, al considerar que afectan la intangibilidad de los derechos de los trabajadores.

1.1.1. En consecuencia, también se declaró la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 17, que establecía una sanción por el incumplimiento de estos acuerdos; así como del artículo 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-132, que regulaba las directrices para el registro de dichos acuerdos. De igual manera, se declararon inconstitucionales los artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento a la LOAH, por su relación con los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo.

1.2. En cuanto al contrato especial emergente, regulado en el artículo 19 de la LOAH, la Corte declaró parcialmente su inconstitucionalidad, suprimiendo la frase que hacía referencia a la terminación unilateral del contrato por parte del empleador. De esta manera, en caso de una terminación unilateral por parte del empleador antes del vencimiento del plazo, deberán aplicarse las disposiciones del Código del Trabajo, particularmente las referentes a la indemnización por despido intempestivo, el pago de remuneraciones pendientes y la bonificación por desahucio, entre otras.

1.2.1. En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento a la LOAH, que regulaba esta terminación.

2. Sobre la inconstitucionalidad del Art. 19 de la LOAH

La Corte Constitucional fundamenta que es inconstitucional la frase “o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador” del artículo 19 por los siguientes motivos:

1. Violación del principio de intangibilidad de los derechos laborales: Se consideró que el contrato emergente generaba desestabilidad en el empleo al permitir la terminación unilateral sin indemnización en ciertos casos.

2. Prohibición de regresividad en derechos fundamentales: La figura del contrato emergente representaba un retroceso en la protección laboral, al modificar las condiciones de estabilidad laboral y disminuir las garantías del trabajador.

3. Inseguridad jurídica: La falta de claridad en los criterios de terminación de este contrato generaba incertidumbre para los trabajadores, afectando su derecho al trabajo digno.

Pese a los fundamentos de la Corte Constitucional, el contrato emergente continúa vigente bajo las siguientes características:

• Se mantiene como una opción de contratación.

• No está vinculado exclusivamente a la pandemia del COVID-19, por lo que puede aplicarse en otros contextos donde se justifique una necesidad temporal.

• Se puede celebrar por un máximo de un año, renovable una sola vez por otro año.

• El contrato se convierte en indefinido, si, finalizado el plazo, la relación laboral continúa.

• Si el empleador termina el contrato de manera anticipada y unilateral, deberá pagar indemnización por despido intempestivo.

Finalmente, la Corte recordó a la Asamblea Nacional su competencia para evaluar si la Ley de Apoyo Humanitario sigue siendo adecuada en el contexto actual y, de ser necesario, proceder con las reformas y modificaciones pertinentes para asegurar que las disposiciones de dicha ley cumplan eficazmente con los objetivos para los cuales fueron creadas.

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Inconstitucionalidad del “Proyecto de Ley Orgánica de las personas con Discapacidad”

La Corte Constitucional emitió el Dictamen 1-25-OP/25, en el cual se acepta parcialmente las observaciones del Presidente por inconstitucionalidad del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad.

Los artículos 60, 92, 104 y 105 del Proyecto de Ley fueron declarados inconstitucionales debido a que implicaban aumentos del gasto público y afectaba al principio de sostenibilidad.

Se declararon improcedentes las objeciones presidenciales de los artículos 56, 66, 99 y 106, ya que no contrariaban el marco jurídico existente.

Siendo de esta manera, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las siguientes disposiciones:

1. La ayuda económica correspondiente a la ampliación a cuatro meses adicionales del permiso de maternidad, en el caso de nacimiento de niños con discapacidad o condiciones congénitas, serán cubierta por el IESS.
   La corte argumenta que Inobserva la Constitución, ya que determina que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público.
2. Rebaja del 50% del valor total de la afiliación voluntaria general para las personas con discapacidad.
   La corte argumenta que afecta la sostenibilidad de la seguridad social.
3. Derecho de los afiliados a acceder a la pensión jubilar por discapacidad.
   La corte argumenta que no se cuenta con los estudios necesarios que demuestran la sostenibilidad.

Por otro lado, se declaran improcedentes las objeciones por inconstitucionalidad de los artículos que versaban de manera precedente. Entrarán en vigor como fueron aprobadas:

• Las personas con discapacidad afiliadas al IESS, con 300 aportaciones, tendrán derecho a una pensión que será igual al 68,75% de los cinco años de mejor remuneración básica de aportación.

Finalmente, el Proyecto de Ley será enviado nuevamente a la Asamblea Nacional para que realice los cambios necesarios en un solo debate y sea enviado al Presidente de la República para que lo apruebe.

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