SENTENCIA 49-20-IN/25: INCONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE APOYO HUMANITARIO Y NORMAS RELACIONADAS

El 14 de febrero de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia 49-20-IN/25, en la cual analizó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 (en adelante, “LOAH”), su reglamento general y los acuerdos ministeriales que la regulan.

En lo principal, la Corte declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones relacionadas con el contrato emergente y los acuerdos entre empleadores y trabajadores en situaciones de emergencia. Asimismo, declaró la constitucionalidad condicionada de otras normas, estableciendo la interpretación necesaria para asegurar que su aplicación sea conforme a la Constitución.

1. Sobre las declaratorias de inconstitucionalidad

1.1. Se declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones sobre los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, contemplados en los artículos 16 y 18 de la LOAH, al considerar que afectan la intangibilidad de los derechos de los trabajadores.

1.1.1. En consecuencia, también se declaró la inconstitucionalidad del primer inciso del artículo 17, que establecía una sanción por el incumplimiento de estos acuerdos; así como del artículo 3 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-132, que regulaba las directrices para el registro de dichos acuerdos. De igual manera, se declararon inconstitucionales los artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento a la LOAH, por su relación con los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo.

1.2. En cuanto al contrato especial emergente, regulado en el artículo 19 de la LOAH, la Corte declaró parcialmente su inconstitucionalidad, suprimiendo la frase que hacía referencia a la terminación unilateral del contrato por parte del empleador. De esta manera, en caso de una terminación unilateral por parte del empleador antes del vencimiento del plazo, deberán aplicarse las disposiciones del Código del Trabajo, particularmente las referentes a la indemnización por despido intempestivo, el pago de remuneraciones pendientes y la bonificación por desahucio, entre otras.

1.2.1. En consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento a la LOAH, que regulaba esta terminación.

2. Sobre la inconstitucionalidad del Art. 19 de la LOAH

La Corte Constitucional fundamenta que es inconstitucional la frase “o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador” del artículo 19 por los siguientes motivos:

1. Violación del principio de intangibilidad de los derechos laborales: Se consideró que el contrato emergente generaba desestabilidad en el empleo al permitir la terminación unilateral sin indemnización en ciertos casos.

2. Prohibición de regresividad en derechos fundamentales: La figura del contrato emergente representaba un retroceso en la protección laboral, al modificar las condiciones de estabilidad laboral y disminuir las garantías del trabajador.

3. Inseguridad jurídica: La falta de claridad en los criterios de terminación de este contrato generaba incertidumbre para los trabajadores, afectando su derecho al trabajo digno.

Pese a los fundamentos de la Corte Constitucional, el contrato emergente continúa vigente bajo las siguientes características:

• Se mantiene como una opción de contratación.

• No está vinculado exclusivamente a la pandemia del COVID-19, por lo que puede aplicarse en otros contextos donde se justifique una necesidad temporal.

• Se puede celebrar por un máximo de un año, renovable una sola vez por otro año.

• El contrato se convierte en indefinido, si, finalizado el plazo, la relación laboral continúa.

• Si el empleador termina el contrato de manera anticipada y unilateral, deberá pagar indemnización por despido intempestivo.

Finalmente, la Corte recordó a la Asamblea Nacional su competencia para evaluar si la Ley de Apoyo Humanitario sigue siendo adecuada en el contexto actual y, de ser necesario, proceder con las reformas y modificaciones pertinentes para asegurar que las disposiciones de dicha ley cumplan eficazmente con los objetivos para los cuales fueron creadas.

DURINI & GUERRERO ABOGADOS

Inconstitucionalidad del “Proyecto de Ley Orgánica de las personas con Discapacidad”

La Corte Constitucional emitió el Dictamen 1-25-OP/25, en el cual se acepta parcialmente las observaciones del Presidente por inconstitucionalidad del Proyecto de Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad.

Los artículos 60, 92, 104 y 105 del Proyecto de Ley fueron declarados inconstitucionales debido a que implicaban aumentos del gasto público y afectaba al principio de sostenibilidad.

Se declararon improcedentes las objeciones presidenciales de los artículos 56, 66, 99 y 106, ya que no contrariaban el marco jurídico existente.

Siendo de esta manera, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las siguientes disposiciones:

1. La ayuda económica correspondiente a la ampliación a cuatro meses adicionales del permiso de maternidad, en el caso de nacimiento de niños con discapacidad o condiciones congénitas, serán cubierta por el IESS.
   La corte argumenta que Inobserva la Constitución, ya que determina que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público.
2. Rebaja del 50% del valor total de la afiliación voluntaria general para las personas con discapacidad.
   La corte argumenta que afecta la sostenibilidad de la seguridad social.
3. Derecho de los afiliados a acceder a la pensión jubilar por discapacidad.
   La corte argumenta que no se cuenta con los estudios necesarios que demuestran la sostenibilidad.

Por otro lado, se declaran improcedentes las objeciones por inconstitucionalidad de los artículos que versaban de manera precedente. Entrarán en vigor como fueron aprobadas:

• Las personas con discapacidad afiliadas al IESS, con 300 aportaciones, tendrán derecho a una pensión que será igual al 68,75% de los cinco años de mejor remuneración básica de aportación.

Finalmente, el Proyecto de Ley será enviado nuevamente a la Asamblea Nacional para que realice los cambios necesarios en un solo debate y sea enviado al Presidente de la República para que lo apruebe.

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RESOLUCIÓN No.03-2025

IMPROCEDENCIA DE LA BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO EN CASO DE RETIRO VOLUNTARIO.

Con fecha 29 de enero de 2025, la Corte Nacional de Justicia estableció la resolución 03-2025 respecto a la improcedencia de la bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario.

Entre las principales disposiciones por la corte: 

• Los trabajadores que decidan terminar la relación laboral por retiro voluntario para obtener los beneficios por jubilación no podrán beneficiarse por desahucio de acuerdo con el artículo 184 del Código de Trabajo.
• Esta improcedencia indica que el trabajador no puede recibir dos beneficios económicos que sean de la misma terminación laboral. 
• Este beneficio únicamente es procedente cuando la terminación de la relación laboral sea por la decisión del empleador. 

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ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2025-006

REGLAMENTO PARA OPERATIVIZAR EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Con fecha 08 de enero de 2025, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-006, el cual contiene el Reglamento para Operativizar el Proceso de Cumplimiento de las Obligaciones Establecidas en la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres. 

Entre las principales disposiciones, se encuentran las siguientes: 

1. Obligaciones para los empleadores:

1. Impartir al menos 40 horas anuales de capacitación (presencial, virtual o mixta) sobre igualdad de género, igualdad salarial, erradicación de violencia y discriminación, dirigidas a trabajadores, directivos y representantes legales.
2. Realizar campañas de sensibilización sobre el valor del personal desde una perspectiva de género.
3. Reportar al Ministerio de Trabajo, en enero de cada año, las capacitaciones y campañas realizadas. 

1. De la obtención de la certificación de cumplimiento:

Para acceder a la certificación de cumplimiento de obligaciones para alcanzar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, el interesado deberá ingresar una solicitud en la Dirección Regional del Trabajo respectiva, en la que, se deberá exponer de manera detallada las acciones ejecutadas para alcanzar la igualdad salarial.

• Procedimiento: 

1. La solicitud se presenta físicamente ante la Dirección Regional del Trabajo.
2. El proceso concluye con un informe técnico emitido en un máximo de 10 días. Si faltan requisitos, se otorgan 10 días para subsanarlos.
3. La certificación, si procede, debe emitirse en un plazo total de 30 días.

• Publicación

El Ministerio del Trabajo publicará la lista de empresas que han obtenido la certificación.

1. De las denuncias:

Los trabajadores que presuman ser víctimas de discriminación salarial podrán denunciarlo ante la Inspectoría del Trabajo.El Inspector del Trabajo verifica los requisitos de la denuncia y notifica a las partes, convocando a una audiencia para intentar la conciliación. Si no se logra un acuerdo, se levanta un acta y el trabajador puede iniciar acciones judiciales, donde la autoridad competente puede ordenar pagos retroactivos y ajustar remuneraciones basándose en el principio de trabajo de igual valor. El incumplimiento de acuerdos conciliatorios será sancionado conforme al Mandato Constituyente Nro. 8.

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RESOLUCIÓN NO. 01-2025

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO CON RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

El 08 de enero de 2025, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió la Resolución No. 01-2025 a través de la cual se establece un nuevo precedente jurisprudencial con respecto del siguiente punto de derecho:

“Para la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, no se requiere la notificación al empleador sobre la condición de discapacidad ni la calificación como trabajador sustituto según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Discapacidades, pues son requisitos no contemplados en la norma. Únicamente deben concurrir dos requisitos: (i) la existencia de un despido intempestivo; y (ii) que la persona desvinculada tenga una discapacidad o se encuentre a cargo de una persona con discapacidad”.

La indemnización a la que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades corresponde al valor equivalente a 18 meses de la remuneración más alta que el trabajador haya percibido durante la relación laboral.

Este precedente jurisprudencial obligatorio implica que los inspectores de trabajo y los jueces podrán ordenar la indemnización referida en caso de despido intempestivo sin que se verifique la notificación al empleador por parte del trabajador con discapacidad sobre su condición o sin el registro de sustituto del trabajador a cargo de una persona con discapacidad. 

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