{"id":4075,"date":"2025-06-17T13:50:09","date_gmt":"2025-06-17T19:50:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dgalegal.com\/?p=4075"},"modified":"2025-06-17T13:50:09","modified_gmt":"2025-06-17T19:50:09","slug":"noticia-juridica-no-250","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dgalegal.com\/en\/noticia-juridica-no-250\/","title":{"rendered":"NOTICIA JUR\u00cdDICA No. 250"},"content":{"rendered":"\n

\u00bfCambio de l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto a consultas populares locales sobre miner\u00eda?  <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Autores: Emilio Su\u00e1rez y Camila Cruz<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El 15 de mayo de 2025, el Pleno de la Corte Constitucional, en voto de mayor\u00eda, emiti\u00f3 el dictamen 1-25-CP\/25. En esta decisi\u00f3n, neg\u00f3 la propuesta de consulta popular presentada por el GAD Municipal del cant\u00f3n Santa Isabel ubicado en la provincia del Azuay, al no cumplir requisitos formales. El GAD de Santa Isabel pretend\u00eda prohibir la miner\u00eda artesanal, as\u00ed como la de peque\u00f1a, mediana y gran escala en las cuencas de los r\u00edos Balao, Gala y Jubones. <\/p>\n\n\n\n

La Corte concluy\u00f3 que el quinto grupo de considerandos no cumpl\u00eda los requisitos del control formal. Este grupo versaba sobre los efectos<\/strong> de la consulta popular, estableciendo las medidas a implementarse en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado. As\u00ed, determinaba que el Concejo Cantonal de Santa Isabel actualizar\u00eda el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) y el Plan de Uso y Gesti\u00f3n del Suelo (PUGS) para incorporar la prohibici\u00f3n de miner\u00eda met\u00e1lica en las zonas de recarga h\u00eddrica de los r\u00edos Jubones, Gala y Balao, y que el control estar\u00eda a cargo de la Direcci\u00f3n de Planificaci\u00f3n del GAD. Por \u00faltimo, hac\u00eda referencia a las competencias del MAATE para imponer sanciones dentro del \u00e1mbito de sus competencias.<\/p>\n\n\n\n

La Corte determin\u00f3 que dichos considerandos no precisaban de forma clara el \u00e1mbito de competencias de las autoridades obligadas con relaci\u00f3n al objeto de la consulta. En ese sentido, resalt\u00f3 que el Estado central tiene competencia exclusiva<\/u><\/strong> sobre los recursos minerales, al ser considerados un sector estrat\u00e9gico, conforme lo dispuesto en los art\u00edculos 261 numeral 11, 313 y 408 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En esta l\u00ednea, advirti\u00f3 que, en caso de un pronunciamiento afirmativo, la prohibici\u00f3n de miner\u00eda met\u00e1lica en las zonas se\u00f1aladas no podr\u00eda concretarse \u00fanicamente a trav\u00e9s de la actualizaci\u00f3n de los instrumentos t\u00e9cnicos del GAD de Santa Isabel ni con la actuaci\u00f3n del MAATE. Al contrario, para su efectiva implementaci\u00f3n, ser\u00eda necesaria la intervenci\u00f3n del Ministerio Sectorial de Miner\u00eda y sus entidades de control adscritas \u201cpara que se abstengan de otorgar derechos mineros en los territorios contemplados por la consulta o para que tomen las medidas correspondientes respecto a las concesiones y autorizaciones ya existentes<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, la Corte concluy\u00f3 que en esta propuesta de consulta no se determinaba con claridad c\u00f3mo se materializar\u00edan sus resultados, ni las instituciones responsables de ejecutar la medida, lo que impide a los electores contar con un panorama completo sobre su alcance, efectos y consecuencias. En similar sentido, advirti\u00f3 que la propuesta de consulta no determinaba cu\u00e1les ser\u00edan los efectos de la prohibici\u00f3n de actividades de miner\u00eda met\u00e1lica respecto de quienes en la actualidad son titulares de derechos mineros, sobre lo cual, en anteriores pronunciamientos, la Corte ya se\u00f1al\u00f3 que aquello vulnerar\u00eda el derecho a la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

Bajo este an\u00e1lisis, la Corte concluy\u00f3 que el quinto grupo de considerandos no cumpl\u00eda los presupuestos establecidos en la normativa, raz\u00f3n por la cual no super\u00f3 el control de constitucionalidad. As\u00ed, reiter\u00f3 que, si bien est\u00e1 facultada a modular las secciones que podr\u00edan lesionar la libertad del elector, no puede \u201ccontribuir en la construcci\u00f3n de la propuesta y menos a justificar de forma coherente las medidas planteadas<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Como refirieron los jueces que suscribieron el voto salvado, esta decisi\u00f3n implica un cambio de criterio de la Corte Constitucional a lo resuelto en el dictamen 6-20-CP\/20, en el cual se acept\u00f3 una propuesta de consulta popular para prohibir actividades mineras en zonas de recarga h\u00eddrica del cant\u00f3n Cuenca. Cabe recalcar que ambas propuestas de consulta ten\u00edan los mismos considerandos y la construcci\u00f3n de sus preguntas era exactamente la misma, solo diferenciando las cuencas h\u00eddricas. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed tambi\u00e9n, la Corte Constitucional se\u00f1ala que, de haberse superado este control formal, la Magistratura hubiera analizado lo relativo a la congruencia democr\u00e1tica, entendida como la correspondencia \u201centre el electorado a qui\u00e9n se dirige la consulta y el nivel de gobierno de la autoridad vinculada por los efectos del plebiscito<\/em>\u201d.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

Por tanto, se evidencia que la Corte modific\u00f3 su postura respecto a este tipo de solicitudes. Aunque reconoci\u00f3 que el presente caso es similar al de la consulta de Cuenca \u2014en el que declar\u00f3 su constitucionalidad\u2014, en esta ocasi\u00f3n decidi\u00f3 negar el pedido con base en un an\u00e1lisis m\u00e1s estricto, al concluir que los considerandos no establec\u00edan de manera clara y precisa los efectos y medidas a adoptarse en caso de un resultado afirmativo. A nuestro criterio, este est\u00e1ndar incidir\u00eda tambi\u00e9n en el an\u00e1lisis material sobre la congruencia democr\u00e1tica.  <\/p>\n\n\n\n

Ello, porque la nueva mayor\u00eda de la Corte se\u00f1al\u00f3 que no basta con actualizar los instrumentos locales para incorporar la decisi\u00f3n popular, sino que, al tratarse de un sector estrat\u00e9gico, es de competencia exclusiva<\/strong> del Estado central. Entonces, es l\u00f3gico considerar que la congruencia democr\u00e1tica tiene consecuencias para todo el pa\u00eds. La miner\u00eda al igual que los hidrocarburos, adem\u00e1s de ser sectores estrat\u00e9gicos, son una de las fuentes principales de generaci\u00f3n de recursos para el presupuesto general del Estado, por ende, es un tema que nos concierne decidir a todos los ecuatorianos. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, de superarse el control formal, parecer\u00eda que la Corte tambi\u00e9n ser\u00e1 m\u00e1s estricta con el control material y el an\u00e1lisis de congruencia democr\u00e1tica, sin dar paso a excepciones previamente aceptadas, como la establecida en el dictamen 7-21-CP\/22 (Choc\u00f3 Andino). <\/p>\n\n\n\n

Finalmente, es importante reiterar la frecuente confusi\u00f3n en la cual ciertos actores recaen respecto al derecho a la participaci\u00f3n ciudadana. Si es que existen observaciones, preocupaciones o malestar respecto a un proyecto de esta naturaleza, el mecanismo correcto para expresarlas es la consulta ambiental y, en el caso de poblaciones ind\u00edgenas, la consulta previa. No se puede pretender sustituir el ejercicio de estos derechos a trav\u00e9s de consultas populares, cuya finalidad es completamente diferente, para generar prohibiciones gen\u00e9ricas y menos a\u00fan a nivel local. <\/p>\n\n\n\n

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[1]<\/sup><\/a> CCE, sentencia 1-21-CP\/21, 23 de junio de 2021, p\u00e1rr. 47.<\/p>\n\n\n\n

DURINI & GUERRERO ABOGADOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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