Titular: Reformas para la reducción del IVA en actividades turísticas. Normas para la emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios 

Resumen: el SRI emitió la resolución que norma la reducción del IVA en actividades turísticas. Descubre los pormenores para los comprobantes de venta y los documentos complementarios, en el siguiente boletín: 

Cuerpo del Boletín:

El SRI reformó la resolución No. NAC-DGERCGC22-00000010, mediante la cual se establece las normas para la emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios por la reducción de la tarifa general del IVA, en actividades turísticas

A continuación, se detallan las principales reformas implementadas por el SRI:

1. La tarifa reducida del IVA en actividades turísticas aplicará cuando los comprobantes de venta, sustento de tales operaciones, sean emitidos en las fechas establecidas en la normativa vigente.
2. Se elimina la excepcionalidad en el caso de adquisición de boletos aéreos, para la aplicación de la tarifa de IVA reducida.
3. Se elimina la emisión de comprobantes de venta bajo las otras modalidades de emisión, en los días en que aplique la tarifa reducida del IVA para los sujetos pasivos que emitan comprobantes de venta mediante máquinas registradoras.
4. Se elimina la obligatoriedad para emitir comprobantes de venta correspondientes a la prestación de los servicios sujetos a tarifa reducida, dentro de las fechas en las que aplica dicha tarifa, en caso de que se realice la prestación continuada del servicio por periodos que comprendan fechas que abarquen la tarifa reducida de IVA y fechas que no.

DURINI & GUERRERO ABOGADOS

Mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000058, emitida por el Servicio de Rentas Internas el 27 de diciembre de 2022, se actualizaron los rangos de las tablas establecidas para liquidar el Impuesto a la Renta de personas naturales, sucesiones indivisas, y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, conforme al artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). Esta resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2023. 

1. Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas. – Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal a) del artículo 36 de la LRTI, como se detalla a continuación:

2. Impuesto a la Renta sobre rentas provenientes de herencias, legados, donaciones, etc.- Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal d) del artículo 36 de la LRTI, como se detalla a continuación:

REFORMAS RELEVANTES AL REGLAMENTO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

1. Definición de Servicios Profesionales. – para efectos tributarios se entiende como servicios profesionales aquellos que, para ser provistos, requieren de involucramiento de profesionales acreditados con un título y que son prestados por personas jurídicas o naturales.
2. Regulaciones para empresas fantasmas y transacciones inexistentes.
3. Se aclara que las provisiones no utilizadas por jubilación patronal o desahucio deberán ser reversadas contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la misma proporción que hubieren sido deducible o no.
4. Se elimina el concepto de depreciación acelerada y la posibilidad de solicitar al SRI autorización.
5. Se modifica el numeral que señala la valoración de activos fijos recibidos como aporte de capital o se incorporen a las compañías como parte de una fusión y/o escisión de empresas, señalando responsabilidades a los accionistas, socios y peritos que intervengan.
6. Se realizan cambios en la depreciación de bienes ingresados al país bajo regímenes de internación temporal.
7. Se aclara que no serán deducibles para personas naturales y/o entidades no financieras la pérdida o descuento generado en la venta de activos financieros correspondientes a créditos comerciales o cartera que se negocien fuera del Mercado de Valores o con partes relacionadas. – Referente a la Venta de Cartera.
8. Se introduce nuevamente el límite para regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría con partes relacionadas en el 5% de los ingresos gravados; se excluye del límite a (i) operaciones con partes relacionadas ecuatorianas, siempre que el contribuyente que reciba el gasto tenga una tarifa efectiva impositiva igual o menor a la de su relacionada. (ii) el total de la operación no supere 20 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales (USD 226,200 para el año 2022).
9. Se modifica el impuesto diferido incrementando los siguientes puntos (Vigente desde 2023):

En el caso de entidades no financieras, el valor por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables, que excedan los límites de deducción previstos en la LRTI y su reglamento, serán no deducibles en el período que se registren contablemente. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este excedente, el cual deberá ser utilizado en el ejercicio fiscal en el cual se cumplan los plazos y condiciones previstas para la eliminación de las cuentas incobrables, conforme el Reglamento o cuando se produzca la venta del activo financiero.” (APLICA PARA DETERIOROS REGISTRADOS A PARTIR DE ENERO DE 2023)

La diferencia entre la depreciación financiera de P,P&E y los límites de deducibilidad de dicha depreciación deberán ser consideradas como no deducible. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido, el cual deberá ser utilizado a partir del período fiscal siguiente al que finalice la vida útil establecida financieramente. El uso de dicho impuesto diferido deberá ser distribuido de manera uniforme durante los años restantes de vida útil del bien, conforme lo establece el Reglamento. (APLICA PARA ACTIVOS ADQUIRIDOS A PARTIR DE ENERO DE 2023)

10.  En el caso de que la Administración Tributaria en actos determinativos establezca mediante acto administrativo que los criterios de transparencia y sustancia económica han sido incumplidos, deberá notifica el particular al Comité Estratégico de promoción y Atracción de Inversiones.

11. Para la aplicación de la reducción de 3 puntos porcentuales de Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones, se utilizará la tarifa general para sociedades aplicables al año en que se haga uso del beneficio.

12. Se realizan reformas a la LIQUIDACIÓN DEL IVA, principalmente en el pago del IVA relacionado a ventas a crédito que hasta la fecha tenían un mes de plazo para todos los contribuyentes. La reforma señala:

“Las transferencias de bienes o prestación de servicios efectuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme la definición del Código de la Producción … en las que se haya concedido un plazo superior a un mes para el pago, deberán ser declaradas en el mes siguiente y pagadas hasta dentro de 3 meses, contadas desde el período fiscal siguiente al de la fecha de la emisión de

la factura. LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES DEBERÁN DECLARARLAS EN EL MES SIGUIENTE Y PAGARLAS HASTA EN EL MES SUBSIGUIENTE DE REALIZADAS.

13. En relación a las liquidaciones de compra de bienes y servicios que se emitan sobre notas de crédito de NEGOCIOS POPULARES, con el fin de tener derecho al crédito tributario de IVA, se indica que la base imponible del IVA será el valor total de la transacción, y se deberá retener el 100% de IVA generado.

14. Se aclara que la comunicación de diferencias que realice la Administración, constituye una orden de verificación, por lo que su notificación suspende los plazos de caducidad de la facultad determinadora conforme el Art. 94 del Código Tributario.

15. De forma periódica el SRI difundirá, de manera informativa y/o persuasiva, datos como parámetros referenciales de utilidad, reconocimiento de ingresos, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos que presenten otras entidades de sectores económicos con el fin de medir riesgos impositivos.

16. Las únicas facturas que se emitirán con la leyenda de CONSUMIDOR FINAL son aquellas por montos menores a USD 50.00

DURINI & GUERRERO ABOGADOS

DEDUCIBILIDAD DE PAGOS A REPRESENTANTES LEGALES, MANDATARIOS O ADMINISTRADORES

Mediante circular Nro. NAC-DGECCGC22-00000004, el SRI informa acerca del régimen jurídico aplicable respecto a la deducibilidad de pagos a representantes legales, mandatarios o administradores.

Del análisis de la normativa vigente (Art. 10, numeral 9 LRTI; Art. 28, numeral 1 RLRTI; Artículos 8, 36 y 42 numeral 31 del Código de Trabajo; artículo 2 de la Ley de Seguridad Social) , se considera que la obligatoriedad de la afiliación a la seguridad social en el caso de administradores, mandatarios y de quienes realizan actividades a nombre y en representación del empleador, estos están sujetos al régimen de protección del Sistema General Obligatorio de Seguridad Social pero a diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, el deber de afiliarse recae propiamente en ellos mismos y no en la persona natural o jurídica a quien prestan sus servicios y a nombre de quien actúan, puesto que sus relaciones contractuales se regulan por lo establecido en el derecho civil y no en lo laboral.

Por lo que el SRI dispone que, en la liquidación de Impuesto a la Renta a efectos de registrar la deducibilidad de los gastos por concepto de honorarios pagados por una sociedad a su representante o representantes legales (mandatarios o administradores), no es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social, en tanto que la relación contractual en estos casos se circunscribe al ámbito civil y no laboral, tal como lo prevén los artículos 36 y 308 del Código del Trabajo.

BOLETÍN INFORMATIVO DURINI & GUERRERO ABOGADOS

Mediante Sentencia No. 110-21-IN/22, La Corte Constitucional examina la constitucionalidad por la forma y por el fondo de la Ley para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran:

1. Respecto a la presunta inconstitucionalidad del Decreto-Ley por haber sido emitido en contravención al procedimiento establecido en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador.

La Corte concluyó que el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, modificó, ni negó el Proyecto Ley dentro del plazo de 30 días, por lo que, el Presidente de la República debía promulgarlo como decreto ley y, por lo tanto, debía ordenar su publicación en el Registro Oficial. Consecuentemente, este procedimiento se realizó en observancia al artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y, por consiguiente, su promulgación no se considera como inconstitucional.

2. Sobre la presunta contravención del Decreto – Ley al principio de unidad de materia.

La Corte determina que los artículos 112 al 116, referentes a las reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos y los artículos 131 al 145 y la disposición transitoria décimo primera del Decreto Ley, relativos a las reformas a la Ley de Hidrocarburos, no guardan conexidad temática, teleológica, ni vínculos de sistematicidad (salvo el artículo 146) con las distintas disposiciones del Decreto Ley.

Por lo tanto, los artículos mencionados son inconstitucionales por la forma, debido a que incumplen con el requisito de unidad de materia y surtirán efectos hacia el futuro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LOGJCC.

3. Sobre la presunta inconstitucionalidad de las reformas a la tabla de ingresos del impuesto a la renta de personas naturales.

Si bien el monto a pagar por impuesto a la renta se incrementa de forma paulatina conforme sube el rango de ingresos del contribuyente y pese que en algunos grados no se incrementa en la misma proporción o cantidad, la Corte concluye que las modificaciones incorporadas en el artículo 43 numeral 1 del Decreto Ley no inobservan los principios de capacidad contributiva, equidad y progresividad.

4. Sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 43 numeral 1 del Decreto Ley por contravenir el principio de no confiscatoriedad.

La Corte constata que, si bien existe un incremento en la carga tributaria, en realidad no llega al grado de limitar la propiedad de forma arbitraria, excesiva o injustificada, sino que lo hace en observancia de los principios de equidad, progresividad y responde a la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo. En consecuencia, la reforma al artículo 36 literal a) de la LRTI contenida en el artículo 43 numeral 1 del Decreto Ley no contraviene el principio de no confiscatoriedad.

5. Sobre la presunta inconstitucionalidad de los artículos 39 numeral 5 y 40 del Decreto-Ley por contravenir el principio de no regresividad

La Corte no observa que la sustitución del esquema de deducción de gastos personales por el de rebaja, impida o anule el ejercicio de los derechos a la salud, educación y vida digna, puesto que esta medida no ha privado a los contribuyentes que accedan o ejerzan estos derechos.

Además, debido a que se trata de una sustitución del esquema de deducción por el de rebaja, esto implica que los gastos personales todavía están siendo considerados para el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales; por lo que, el hecho de que no provoca un retroceso automático ni directo de los derechos a la salud, educación y vida digna.

Por consiguiente, la Corte no verifica que las reformas contenidas en los artículos 39 numeral 5 y 40 del Decreto Ley sean incompatibles con el principio de no regresividad.

6. Sobre la presunta incompatibilidad del RIMPE con los principios de capacidad contributiva y progresividad

6.1. RIMPE para negocios populares

La Corte determina que el rango de la tarifa RIMPE correspondiente a negocios populares, que se encuentra establecida en el artículo 97.6 de la LRTI, reformado por el artículo 66 de la LRTI, es contrario a la Constitución de la República del Ecuador por contravenir los principios de capacidad contributiva y progresividad.

A fin de evitar un vacío normativo que afecte gravemente la seguridad jurídica a nivel nacional y la sostenibilidad fiscal. En consecuencia, el rango correspondiente a negocios populares de la tarifa RIMPE permanecerá vigente hasta el final del ejercicio fiscal 2023.

6.2. RIMPE para emprendedores.

La Corte determina que la simplificación incorporada para los rangos correspondientes al RIMPE emprendedores establecidos por el artículo 97.6 de la LRTI, reformado por el artículo 66 del Decreto Ley, no contraviene los principios de progresividad ni capacidad contributiva.

7. Sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 43 numeral 2 del Decreto Ley relativo al impuesto a la herencia.

La Corte encuentra que el artículo reformado de la LRTI, al incorporar una exención del tributo, sí establece una diferenciación entre los herederos, pues libera del pago de una obligación tributaria a quienes tienen un parentesco de primer grado de consanguinidad con el causante o al cónyuge sobreviviente en caso de no existir hijos, mientras todos los demás llamados a suceder en la herencia se encuentran obligados a contribuir.

En consecuencia, la Corte considera que existe un trato diferenciado injustificado entre las personas llamadas a suceder en la herencia y, por ello, concluye que el artículo 43 numeral 2 del Decreto-Ley, que reforma el literal d) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno relativo al impuesto a la herencia, contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación.

8. Sobre la presunta inconstitucionalidad de la introducción de la transacción en materia tributaria.

Debido a que la entidad pública acreedora del tributo tiene la obligación de negociar de buena fe durante el proceso de mediación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita prevenir o finalizar un litigio y que agilice y/o facilite la recaudación, precautelando de esta manera, el principio de suficiencia recaudatoria.

Por lo tanto, la Corte descarta el argumento de que la introducción de la transacción en materia tributaria atenta contra el principio de suficiencia recaudatoria.

9. Sobre el incremento en el porcentaje de acciones o participaciones para determinar si es persona con propiedad con influencia

La Corte determina que tener un 25% del paquete accionario de una entidad del sistema financiero nacional no elude la prohibición constitucional (art. 312 de la CRE), pues este porcentaje no le otorga capacidad de control a un accionista; es decir, no se configuraría una concentración de poder ya que todavía existe un 75% de acciones o participaciones que estarán en manos de terceros.

Por lo tanto, se desestima la presunta inconstitucionalidad del artículo 194 del Decreto Ley. relativo al incremento en el porcentaje de acciones o participaciones para determinar si es persona con propiedad con influencia.

10. Sobre las exoneraciones y deducciones en la franja fronteriza.

La Corte concluye que los artículos 33, 39 numeral 3, 117 y 120 del Decreto Ley, relativos a las exoneraciones y deducciones en la franja fronteriza, no contraviene el derecho a la vida digna y al trabajo.

Además, precisa que quienes hayan hecho inversiones nuevas y productivas antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley, gozarán de estabilidad tributaria sobre los beneficios e incentivos concedidos hasta la finalización de sus inversiones, conforme la normativa tributaria vigente al momento en que se realizó la inversión nueva y productiva.

11. Sobre la presunta inconstitucionalidad de normas que regulan el RIVUT

La Corte determina que en el inciso tercero del artículo 25 del Decreto Ley son inconstitucionales por suprimir las facultades de investigación constitucionalmente encargadas a la Fiscalía General del Esto, por lo que, de ahora en adelante, el tercer inciso del artículo 25 del Decreto Ley se leerá de la siguiente forma:

“El acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente Libro, no exime de modo alguno la investigación, procesamiento y responsabilidad penal por cualquier delito. El Servicio de Rentas Internas notificará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cualquier actividad que resulte sospechosa derivada de la declaración juramentada presentada por el sujeto pasivo, de conformidad a la normativa aplicable a la materia”.

Los efectos de esta inconstitucionalidad regirán desde la publicación en el Registro Oficial, de modo de que, quienes se acogieron al régimen hasta el día anterior a la publicación de la sentencia en el Registro Oficial, no podrán ser sancionados penalmente por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y enriquecimiento privado no justificado respecto de los activos o importes sobre los cuales no se declararon, pagaron o retuvieron los impuestos a la renta e ISD y que constan en la declaración juramentada.

DURINI & GUERRERO ABOGADOS